En una nota de prensa enviada a este, UPYD Manzanares explica por qué no ha apoyado los presupuestos municipales de la localidad para 2018: "La razón fundamental ha sido que, con anterioridad al Pleno del 19 de diciembre, el propio Portavoz se personó en la Fiscalía de Ciudad Real presentando documentación para la que pide la intervención de la Fiscalía y el análisis de lo presentado a fin de que, si cabe y por el interés general y por el correcto y buen funcionamiento de las Administraciones Públicas si es pertinente, se proceda a la correspondiente averiguación para determinar si los hechos descritos en dicha documentación puedieran ser constitutivos de ilegalidad, y que en consecuencia se proceda como corresponda".
En la misma nota recuerdan estos hechos: "Los recibos o facturas de alquiler de despachos evidencian que dichos locales se corresponden exactamente con las sedes de sus correspondientes Partidos, con lo que la dotación económica que el ayuntamiento adjudica en sus presupuestos anuales para los Grupos Municipales, GM, acaba beneficiando a los propios Partidos, algo que a criterio de UPYD la norma prohíbe. No se puede beneficiar a los partidos con las aportaciones del ayuntamiento para los Grupos Municipales. Desde el inicio de la legislatura municipal 2015 – 2019 en UPYD entendimos que esas asignaciones económicas finalmente acababan suponiendo un beneficio para cada uno de esos Partidos pues el alquiler se corresponde con las propias sedes de los mismos. A nuestro entender dicho actuar puede ser incorrecto y supuestamente ilegal.
Dadas estas premisas UPYD trasladó al Interventor Municipal su contrariedad con este proceder y rechazamos, desde el primer momento en que accedimos al Ayuntamiento con un Concejal, dicha asignación. No es que cada año hagamos una devolución de 3.240 €, sencillamente la recházanos y no la recibimos".
Finalmente, añaden que "en consecuencia, desde el Grupo Municipal de UPYD hemos planteado, en diversas ocasiones que, ante la sospecha de un destino final inadecuado de las asignaciones a los GM, se busque una alternativa que permita a los GM disponer de espacios de despacho sin necesidad de que los propios GM reciban esas asignaciones y sea el propio Ayuntamiento quien contrate el alquiler de los correspondientes locales donde disponer de despachos. Esta propuesta, que no ha sido considerada ni atendida, es más económica y evita intermediaciones en el tratamiento de los fondos presupuestarios destinados a tal fin, asegurando al mismo tiempo que no se puedan producir destinos finales dudosos de las asignaciones, como es nuestro criterio al considerar que una dotación económica a los Grupos Municipales ha terminado siendo un beneficio directo para los Partidos Políticos. Hasta tanto la Fiscalía se pronuncie sobre la aceptación del escrito y determine lo que proceda en UPYD seguiremos sin aceptar aportaciones económicas que en nuestro caso podrían ser bien empleadas dado que no disponemos de sede local del Partido, y cualquier alquiler que hiciéramos para sustituir la falta de despachos en el Ayuntamiento estaría justificado".
