viernes. 29.03.2024

España sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas de violencia sexual. Y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado 28 de septiembre con el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados ha sido una oportunidad perdida para la protección a las víctimas de la violencia sexual.

La violencia de género en el ámbito de pareja y ex-pareja sigue siendo una grave violación de derechos humanos en España y quedan muchas cuestiones por resolver. Sin embargo, con la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género en diciembre de 2004, el Estado español  reconoció que las agresiones de género en la pareja o ex-pareja deben combatirse  a través de una legislación específica que tenga en cuenta una perspectiva de género; y aceptó que tienen la  responsabilidad y el deber de proteger a las víctimas. También se produjeron algunos avances para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, aunque hay graves problemas en cuanto a la identificación de las víctimas y no se cuenta con una Ley Integral. Sin embargo, los avances descritos no han alcanzado la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones.

En relación a la violencia sexual, Amnistía Internacional ha denunciado en diversas ocasiones, entre otros, la falta de recolección de datos desagregados, lo que impide conocer la dimensión de este problema. Según datos de la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres de 2015, el 7'2% de las niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, lo que equivale a más de 1,4 millones de niñas y mujeres. Los datos facilitados por el Ministerio del Interior sobre violencia sexual son muy limitados, al registrar únicamente los datos de denuncias presentadas. En 2016 se presentaron 8.763 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 8.147 incluyen agresiones contra la libertad y la identidad sexual (agresiones, abusos, acoso, o contacto con menores a través de tecnología).

Amnistía Internacional lamenta la ausencia de iniciativas por parte de las autoridades públicas, como por ejemplo la existencia de campañas y acciones de prevención, la falta de servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, o la falta de especialización de todos los agentes que intervienen en todo el proceso de atención a víctimas de violencia sexual.

La violencia sexual sigue siendo invisible y no prioritaria en las políticas públicas...