domingo. 12.05.2024

Muy en relación con ella, se abordará la financiación de éstos, y, como consecuencia, las medidas de control democrático que habrían de adoptarse para intentar acabar con este cáncer.

Expondrá el tema don Manuel Maroto, profesor de Derecho Penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor de la primera tesis doctoral específicamente dedicada al problema de la financiación ilegal de partidos políticos en España desde una óptica política y jurídica. Es también coautor del libro “QUÉ HACEMOS CON LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS”, cuya presentación tendrá lugar en este acto. 

La corrupción política es uno de los problemas fundamentales que perciben los españoles según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y para Izquierda Unida una muestra más de la baja calidad de la democracia española.

La corrupción política, por cantidad y “calidad”, ha afectado sobre todo al PP y sus gobiernos autonómicos, a los nacionalistas catalanes de CiU, y el caso andaluz de los “eres” en el PSOE. Pero el problema no es nuevo, y hace años los partidos mayoritarios tuvieron respectivamente los casos Naseiro y  Filesa. Se trata de un problema estructural, histórico, económico, que afecta a nuestro sistema de partidos. Defendemos, no obstante, que son muchas más las personas y organizaciones sociales y políticas que realizan su trabajo honestamente. Nos negamos a admitir que “todos son iguales”, que se parece demasiado al “todo da igual”. No.

Pero es urgente pasar de la indignación o de las meras declaraciones de intenciones a la instauración de mecanismos democráticos de responsabilidad política, al establecimiento de sistemas transparentes, donde los responsables políticos y el dinero público estén sometidos a la vigilancia y a la presión de la ciudadanía. Porque no basta con la persecución penal, pues sabemos que los delincuentes de cuello blanco tienen medios para entorpecer o evadir la justicia, e incluso los grandes partidos han fomentado la judicialización de los escándalos, al ser éste un mecanismo particularmente lento y complicado de determinar responsabilidades.

 

La corrupción en los partidos políticos, a debate en Valdepeñas de la mano de IU